La posible creación de las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella enfrenta cuestionamientos por el impacto que podría tener sobre el gasto público de la República Dominicana. El experto en asuntos municipales Waldys Taveras consideró que las dos iniciativas legislativas no justificarían la ampliación de la estructura administrativa del Estado.
De acuerdo con la información publicada por Diario Libre, los proyectos de ley que plantean la creación de esas demarcaciones se encuentran depositados en el Congreso Nacional. El resumen de la publicación no ofrece detalles sobre sus proponentes, el territorio que abarcaría cada provincia ni la etapa específica en que se encuentran dentro del proceso legislativo.
Advertencia sobre más cargos y burocracia
Taveras sostuvo que la creación de nuevas provincias implicaría incorporar autoridades y posiciones políticas adicionales. Entre los cargos que mencionó figuran senadores, diputados y gobernadores, además de otras estructuras vinculadas con la administración de las demarcaciones.
Desde su perspectiva, esa ampliación institucional se traduciría en un aumento del gasto presupuestario estatal. El municipalista cuestionó que el país asuma más estructuras burocráticas cuando, a su juicio, estas podrían ser grandes, costosas y poco eficientes.
La preocupación central expresada por el experto no se limita al número de cargos, sino también al efecto que la nueva organización territorial tendría sobre los recursos públicos. Sin embargo, la información suministrada no incluye una estimación económica sobre cuánto costaría establecer las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella.
Cuestionamiento a la mejora de los servicios
El especialista también rechazó que la creación de ambas provincias tenga sentido si se presenta como una medida destinada a mejorar la gestión de los servicios para los ciudadanos. Según su evaluación, las nuevas demarcaciones no garantizarían por sí mismas una atención más eficiente a las necesidades de la población.
La discusión, por tanto, plantea una diferencia entre crear nuevas unidades territoriales y demostrar que esa reorganización produciría beneficios concretos para los habitantes. Taveras entiende que los proyectos aumentarían la estructura estatal, pero no representarían una mejora equivalente en la prestación de servicios.
La información disponible no precisa cuáles servicios se pretendería mejorar con las nuevas provincias ni cuáles serían las comunidades beneficiadas. Tampoco detalla si los proyectos contienen mecanismos de financiamiento, estudios técnicos o evaluaciones sobre su impacto administrativo y presupuestario.
Debate en el Congreso Nacional
Las iniciativas permanecen vinculadas al debate legislativo debido a que reposan en el Congreso Nacional. Su eventual aprobación implicaría valorar no solo la conveniencia política o territorial de crear las nuevas demarcaciones, sino también las consecuencias financieras y administrativas señaladas por el experto.
Para los lectores dominicanos, el planteamiento tiene relevancia porque relaciona cualquier modificación de la división territorial con el uso de recursos del presupuesto estatal y con la cantidad de autoridades que deberían ser incorporadas. No obstante, el material suministrado no permite establecer cuál sería la posición de los legisladores ni si existe un calendario para discutir o votar los proyectos.
La advertencia de Taveras coloca el gasto público y la calidad de los servicios en el centro de la discusión. Mientras los proyectos continúen en el Congreso, la evaluación de sus beneficios, costos y efectos sobre la administración pública seguirá dependiendo de la información que acompañe el trámite legislativo.